Concesión de espacios de cowork en el Parque Tecnológico Canario para emprendimientos tecnológicos. El contrato tiene una duración hasta el fin del mandato de la actual administración. Se requiere presentar una propuesta clara y precisa, incluyendo un video del emprendimiento y un estudio de mercado. Los criterios de evaluación incluyen la solución, viabilidad, tracción, idoneidad del equipo, respaldo y el impacto económico-departamental. Los adjudicatarios deberán pagar un canon mensual de 50 UI por persona. Se aplicarán sanciones por incumplimiento, que pueden ser leves, medias o graves, incluyendo la rescisión del contrato. La visita al lugar es opcional pero recomendada. Las consultas se realizan vía email hasta 5 días hábiles antes de la fecha de presentación de propuestas.
Los concesionarios deberán aportar el valor mensual de 50 UI por persona, pagaderos del 1o al 15 de cada mes.
El adjudicatario deberá contratar y mantener vigentes, a su exclusivo costo, pólizas de seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, y de responsabilidad civil.
La evaluación se basará en criterios de solución, viabilidad, tracción, idoneidad del equipo, respaldo y el impacto económico-departamental.
Los oferentes deben estar registrados en el Registro Único Tributario (RUT) y cumplir con las condiciones formales para contratar con el estado, acreditando con certificados de DGI, BPS y BSE.
Se aplicarán sanciones leves (2 UR), medias (5 UR) o graves (20 UR o rescisión del contrato) por incumplimiento de las obligaciones asumidas.
La empresa, previamente a presentar su oferta de cotización, podrá conocer el lugar. Se comunicará día y hora para visitar el predio, no siendo obligatorio asistir a la misma para la presentación de la oferta.
Los plazos para interponer recursos comenzarán a correr a partir del día siguiente al de la fecha de enviado de la notificación de la adjudicación.
La administración podrá descalificar la oferta si considera que la información ingresada en carácter confidencial no reúne los requisitos exigidos por la normativa, o por presentación de información falsa.